Partidarios de la nueva ley afirman que esta ayuda a los más necesitados a conseguir empleo
El gobernador Jerry Brown aprobó un proyecto de ley que, a partir del 1 de enero, hace ilegal preguntar sobre el historial criminal o antecedentes penales durante la postulación a un trabajo en California.
Con la aprobación del AB 1008, los empleadores aún pueden realizar verificaciones de antecedentes, pero no hasta que los candidatos reciban una oferta de empleo. Incluso, los empleadores conservan el derecho de revocar la oferta a un solicitante tras realizar la verificación de antecedentes; sin embargo, tal decisión debe estar alineada con las leyes laborales a nivel estatal y federal.
Según las pautas de la Comisión de Oportunidad Equitativa de Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés), y bajo reglas similares adoptadas por el Departamento de Empleo y Vivienda Justos, un empleador estaría en violación de las leyes si realizar verificaciones de antecedentes impacta desproporcionadamente a personas no anglosajonas.
De acuerdo con National Employment Law Project, una organización sin ánimo de lucro dedicada a proteger los derechos laborales, se estima que uno de cada tres adultos en California tiene un antecedente. En su mayoría, dichos solicitantes son de origen latino o afroamericano, quienes suelen ser arrestados con mayor frecuencia que personas anglosajonas por cometer los mismos crímenes. El propósito del AB 1008, según sus partidarios, es asegurar que las personas que más necesitan empleo no sean excluidas antes de tener la oportunidad de darse a conocer.