La normativa puede forzar el cierre de numerosas clínicas que proporcionan atención médica a millones de mujeres de todo el país.
Donald Trump convoca a los fotógrafos cada vez que firma una ley en la Casa Blanca pero el jueves prefirió cerrar las puertas. Fue su portavoz, Sean Spicer, el que informó de que el presidente de Estados Unidos ha puesto su sello a una normativa para restringir una vez más el acceso al aborto en todo el país. El texto, que salió adelante por una ventaja mínima en el Congreso, permite a los Estados que retiren la financiación pública a Planned Parenthood. La organización proporciona atención médica a millones de mujeres sin recursos en todo el país y sus servicios incluyen interrupciones de embarazos, lo que ha inspirado el rechazo de los republicanos.
La firma de Trump es el último golpe a esta fundación en el marco de iniciativas políticas ultraconservadoras que durante los últimos años han intentado drenar sus recursos. Si los Estados deciden retirar la financiación a Planned Parenthood, podrían forzar el cierre de la mayoría de sus clínicas. El republicano ha pasado de defender en el pasado el derecho al aborto a prometer que nombraría jueces al Tribunal Supremo que estén dispuestos a revocarlo. Sus acciones hablan ahora más alto que sus palabras. Antes de sellar esta ley, también eligió como vicepresidente a Mike Pence, que como gobernador republicano de Indiana lanzó la iniciativa para retirar toda la financiación federal a Planned Parenthood.
Tras la firma, varias organizaciones conservadoras que promovieron la ley celebraron el gesto de Trump. “Dar prioridad a la retirada de fondos a Planned Parenthood es una victoria”, delcaró Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony List, un grupo contra el aborto. “Esperamos que el Congreso continúe con sus esfuerzos para alejar el dinero público de [la organización] a través de la reforma sanitaria”.
Planned Parenthood, a través de su vicepresidenta, denunció que los ciudadanos “están hartos de que los políticos hagan que cada vez sea más difícil acceder a cuidados médicos y esta ley es el último ejemplo”. Dawn Laguens añadió que EE UU debería centrarse en expandir la atención sanitaria en vez de dar un paso atrás. “Demasiadas mujeres todavía sufren obstáculos para ir al médico, especialmente las más jóvenes, afroamericanas, las que viven en zonas rurales y las que carecen de recursos.
La organización siempre ha estado en la diana de las iniciativas políticas ultraconservadoras. Planned Parenthood recibe 550 millones de dólares anuales del presupuesto federal de EE UU y otros 60 millones de los Estados para cubrir los gastos médicos de mujeres que no pueden costearse la atención privada. Sus principales actividades están en el ámbito de la planificación familiar, la prevención de enfermedades y la práctica de abortos, que supone el 3% de sus servicios.
La legislación estadounidense prohíbe financiar con dinero público las interrupciones de embarazos —salvo en el caso de violaciones, incesto o si peligra la vida de la madre—, por lo que Planned Parenthood recurre a donaciones privadas para ello. Sin embargo, los republicanos han liderado varias propuestas para retirar toda la financiación pública a esta organización. Esta medida lograría cerrar la mayoría de sus clínicas sin tener que recurrir a una reforma legal. El año pasado, el Supremo paralizó una ley de Texas que aumentaba los requisitos para practicar abortos al considerar que restringía un derecho ya reconocido a las mujeres.
