En la décimo primer semana de Trump como presidente, se profundiza la política de deportar a personas que estaban protegidas con el anterior gobierno y legisladores intentan impedir que ICE actúe en sitios sensibles como escuelas, iglesias, tribunales.

Los arrestos y deportaciones de inmigrantes sin antecedentes criminales y profundos lazos en sus comunidades continuaron esta semana, reforzando una patrón en que el gobierno de Donald Trump arresta no sólo a “delincuentes” sino especialmente a personas sin antecedentes penales que bajo el gobierno del anterior presidente pudieron permanecer con permiso de las autoridades.

En este contexto de agresiva actividad de deportaciones, varios legisladores en Washington presentaron un proyecto de ley para proteger escuelas, iglesias y otros lugares sensibles de la presencia de ICE.

Cada vez son más los casos de personas de personas arrestadas y deportadas en los llamados “check-ins” de ICE. Se trata de personas que deben acudir a citas con las autoridades cada cierto tiempo porque tienen una orden diferida de deportación e incluso permisos de trabajo.

Anteriormente, estas personas tenían sus citas y regresaban tranquilas a sus casas. En 2017 y con Trump, esto ha cambiado.

Entre las más dramáticas noticias de esta décimo primera semana del gobierno de Donald J. Trump estuvo la deportación de un hombre mexicano residente en Indiana desde hace casi 20 años, con tres hijos, un negocio que emplea a 20 personas y una esposa que, además, votó por Trump.

El caso de Roberto Beristaín recibió amplia cobertura en diversos medios nacionales precisamente por lo irónico de esta realidad: una mujer -también inmigrante, por cierto- y casada con un hombre contra el que pendía una vieja orden de deportación, era una entusiasta partidaria del mismo presidente que terminó por ordenar la separación y ruptura de su familia.

Beristaín había sido arrestado en febrero al presentarse a un “check-in” con las autoridades y fue deportado en medio de la noche este pasado martes, bajo circunstancias que, según sus abogados, violentan sus derechos y los procesos debidos en estos casos.

“La familia Beristain está desesperada porque el gobierno de Estados Unidos realizó una deportación subrepticia, en medio de la noche este martes”, dijeron los abogados que representan al inmigrante por medio de un comunicado a los medios. “Los agentes de ICE lo trasladaron solo y aceleradamente durante 90 millas entre el centro de detención en el que estaba y la frontera con Juárez, México, sin notificar a sus abogados, como se requiere”.

Ese mismo día, dos equipos de abogados habían presentado recursos legales para detener la deportación de Beristain. El mexicano había vivido 20 años en este país y desde un arresto en 2000 había estado presentándose con Inmigración cada año, tratando de resolver su situación por medio de su esposa ciudadana.

Aparte del problema de sus papeles, Beristaín no tenía ningún antecedente penal.

Luchan contra expulsión de madre de cuatro

Otro de los casos más recientes está causando revuelo entre grupos católicos de Ohio, debido a que se trata de una madre de cuatro hijos que además, era maestra de temas religiosos en una parroquia de Fairfield, Ohio.

Maribel Trujillo Díaz tenía una orden de deportación pendiente desde que el gobierno de Bush hizo una redada en su lugar de trabajo en 2007, pero Obama le permitió quedarse con un permiso de trabajo.  Trujillo tiene cuatro hijos y un esposo discapacitado.

Grupos de la iglesia católica y de fe han intercedido en su favor después que Trujillo fue arrestada tras un “check-in” anual con las autoridades migratorias. La cita con las autoridades fue el lunes, e inicialmente la dejaron ir pidiéndole que volviera en un mes.  No obstante, ICE se presentó a arrestarla cuando se dirigía al trabajo el día miércoles.

El párroco de la iglesia de Maribel pidió públicamente a las autoridades que “tengan compasión y suspendan la deportación de Maribel”.

“Dejar sin madre a cuatro hijos debilita a nuestra comunidad y no está de acuerdo con los valores como católicos y como estadounidenses”.

Abogados del Catholic Legal Immigration Network que representan a la mujer legalmente dijeron que la familia está en una situación frágil y que ella no sólo es el sostén de la familia sino que también es la que cuida de su familia, especialmente la niña de tres años que tiene problemas de salud.

CLINIC había representado a Maribel desde hace años, y antes de Trump, las autoridades dijeron que la mujer mexicana no era una amenaza para la comunidad, por lo que al no ser prioridad de deportación le dieron un permiso de trabajo.

“En 2017 todo cambió”, dijo Jeanne Atkinson, directora de CLINIC. “Del check-in, la mandaron a la casa con un monitor en el tobillo y luego la arrestaron.

Casos como el de la mujer están pasando en todo el país, agregó la abogada. Se trata de personas que supuestamente no son prioridad de deportación (Trump ha dicho que solo deportará a los malos) y los están arrestando cuando cumplen y se presentan a sus citas con inmigración.

Proyecto de ley quiere limitar campo de acción de ICE

Varios congresistas, encabezados por Adriano Espaillat de Nueva York, presentaron un proyecto de ley esta semana para evitar que los agentes migratorios hagan arrestos en escuelas, iglesias, tribunales, hospitales y otros “sitios vulnerables” para los inmigrantes.

Durante una teleconferencia el viernes, Espaillat dijo que su oficina ha recibido muchas quejas por la presencia de ICE en los lugares mencionados, a pesar que la agencia tiene un reglamento interno que supuestamente lo prohíbe.

“Hay señales de que ICE ha aparecido en el entorno de iglesias, realizado actividades alrededor de escuelas y estamos muy preocupados por todo esto”, dijo. “Este proyecto de ley prohibiría estas actividades. Es lo más lógico y todo el mundo puede entender que no es adecuado para ICE estar rondando funerales, escuelas, iglesias”.

Aunque DHS tiene una política interna en la que la agencia se compromete a no trabajar en ciertos lugares sensibles de la comunidad -escuelas, iglesias- en algunos lugares del país se han reportado arrestos y presencia de agentes de ICE cerca de estas instalaciones.

La ley añadiría a la lista de lugares sensibles los tribunales de cualquier clase -que no están entre las prohibiciones de ICE- luego que el Secretario de Seguridad nacional John Kelly y el procurador Jeff Sessions dijeran que ICE puede actuar alrededor de edificios de tribunales.

“Ya no sabemos que recomendar a las víctimas de delitos, si deben presentarse a un tribunal o no pidiendo protección o llamar a la policía”, dijo Grace Huang, del Instituto Asiático de Violencia de Género. “Sabemos que los perpetradores de delitos violentos explotan el miedo de los inmigrantes de la deportación para quedar impunes”.

No está claro si este proyecto de ley pueda encontrar suficiente eco para aprobarse en un Congreso mayoritariamente republicano y que, al final, igualmente puede ser vetado por el presidente, llegado el caso.