En su primer año el programa habría evitado 4,000 accidentes de "Hit and Run", según estudio de Stanford.
a ley de California que permite a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir redujo el número de accidentes de “hit and run” en todo el estado en un 7% en su primer año de implementación, según un estudio de la Universidad de Stanford publicado el lunes.
Después de implementar la ley en enero de 2015, California vio una caída de aproximadamente 4.000 casos de “hit and run” en su primer año. Esto se tradujo en un ahorro de $3.5 millones en costos de reparación de vehículos para conductores que no eran culpables en accidentes con conductores indocumentado que se dieron a la huida.
El hecho que los conductores no abandonaron el lugar permitió dar atención médica a los conductores indocumentados que en el pasado huían sin atención médica por miedo a ser arrestados, al igual que a los heridos de los otros vehículos, mejorando sí o sí la seguridad pública en las vías de toda California.
Debido a que la ley prohíbe a los oficiales de policía reportar a los oficiales de inmigración a los conductores AB 60, el estudio dijo que “los inmigrantes con una forma válida de autorización para conducir en el estado tienen incentivos más débiles para huir de la escena después de un accidente, ya que son menos propensos a temer su deportación.”
En su primer año de implementación la AB 60 expidió más de 600,000 licencias de conducción a inmigrantes indocumentados en California. Desde entonces, el Departamento de Vehículos Motorizados ha emitido 250.000 licencias adicionales, según su portavoz Artemio Armenta.
Actualmente, 12 estados al igual que Washington, DC han aprobado leyes que permiten a las personas que viven en el país sin papeles obtener licencias de conducir. La ley prohíbe explícitamente que las autoridades denuncien a los beneficiarios de estas licencias a las autoridades migratorias.
“Cuando los individuos son capaces de conducir al trabajo y llevar a sus hijos a la escuela y son capaces de conducir legalmente, la comunidad en su conjunto se beneficia”, dijo Duncan Lawrence, director ejecutivo del Immigration Policy Lab y uno de los autores del informe. “No sólo las personas son más seguras, sino que hay ahorros de costos asociados con eso”.