En Los Ángeles, el Fiscal de la Ciudad Mike Feuer anunció una nueva campaña para alertar e informar a la comunidad inmigrante sobre cómo prevenir ser víctimas de fraude a manos de notarios y consultores de inmigración, e hizo un llamado a que la gente reporte a estafadores y personas que violan la ley dando consejos y haciendo trámites legales.

El Fiscal Feuer señaló que en estos momentos de gran ansiedad en la comunidad inmigrante, es importante prevenir la victimización de inmigrantes y castigar a quienes se aprovechen del miedo de los inmigrantes a ser deportados.

Pero durante la conferencia de prensa donde anunció la iniciativa educativa de la Fiscalía, el Fiscal Feuer expresó que apoya un proyecto municipal presentado por los concejales Nury Martínez y Gil Cedillo que propone crear un sistema para registrar y otorgar licencias a notarios y consultores de inmigración.

En eso, estoy en total desacuerdo. Crear un sistema que otorgue licencias a notarios y consultores de inmigración es un error porque le da credibilidad a personas inexpertas. También provoca confusión.

Por una parte, el Fiscal y los concejales de la ciudad enfatizan que los notarios y consultores de inmigración NO pueden dar ningún tipo de asesoría legal y reafirman los peligros de acudir a estas personas. Pero por otra, están sugiriendo aprobar una proyecto municipal para darles licencias para operar.

El argumento de los concejales Martínez y Cedillo es que el proyecto municipal, que aún no ha sido aprobado por el Ayuntamiento de la Ciudad de Los Ángeles, permitiría el registro de estas personas y haría más fácil monitorearlas.

Pero la realidad es que ya existen mecanismos legales a nivel estatal para el registro, monitoreo, investigación y enjuiciamiento de notarios y consultores de inmigración. Por ejemplo, ya hay leyes que penalizan el hurto mayor (grand theft, en inglés), intento de hurto mayor (attempted grand theft), perjurio (perjury), conspiración (conspiracy), falsificación (forgery), mentir en trámites migratorios, violaciones de la Ley de Consultores de Inmigración y la práctica ilegal de derecho.

No se necesitan más leyes. Lo que se necesita es hacer cumplir leyes existentes. El estado de California y la ciudad y condado de Los Ángeles deberían aumentar las investigaciones y juicios a personas que están ejerciendo leyes sin autorización y estafando a inmigrantes.

Periódicamente hemos visto cómo el estado de California y la ciudad de Los Ángeles han enjuiciado a personas por violar las leyes por fraude, estafa y practicar leyes sin licencia.

El año pasado, ante quejas de numerosas víctimas, la Fiscalía de la Ciudad de Los Ángeles presentó cargos contra la activista Gloria Saucedo, quien fue encontrada culpable de practicar leyes sin licencia. Para evitar ir a juicio, Saucedo firmó un acuerdo de declaración de culpabilidad negociada (plea agreement). Un juez ordenó que le reembolsara miles de dólares a sus víctimas.

A fines del 2016, la Fiscalía del estado de California arrestó a Oswaldo Rafael Cabrera por estafar a inmigrantes y hacerse pasar por abogado. Tras declararse culpable en febrero del 2017, Cabrera fue sentenciado a cinco años y dos meses de prisión por delitos graves (felonies) de hurto mayor, intento de perjurio y por violar la Ley de Consultores de Inmigración.

El Fiscal Feuer alertó que próximamente comenzarán un juicio contra el notario Eddie Bonilla por presuntamente practicar leyes sin licencia.

Pero son muy pocos los casos que van a juicio en una ciudad que se considera el epicentro de notarios y consultores de inmigración que proveen asesoría legal migratoria sin licencia.

En vez de crear más leyes que se suman a una burocracia legislativa, hace falta canalizar más fondos al Departamento de Asuntos del Consumidor del Condado de Los Ángeles y las Fiscalías de la Ciudad y Condado de Los Ángeles para que puedan realizar más investigaciones, hacer cumplir las leyes existentes y lleven a juicio a todo notario, consultor de inmigración o persona que ilegalmente ofrezcan servicios legales y así poner un fin a una epidemia que solo perjudica a las personas más vulnerables de nuestra comunidad.