La incertidumbre crece en la comunidad inmigrante al no saber con certeza qué hará el presidente electo Donald Trump con los millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, y también con los que tienen papeles y han cometido faltas. ¿A quién va a deportar? ¿Quiénes podrán permanecer en el país y regularizar su permanencia?

No fue a la audiencia en la corte de inmigración

La usuaria identificada con las iniciales BH entró a Estados Unidos en el 2005, la detuvieron en la frontera, la liberaron con una orden para presentarse ante una corte de inmigración, pero no fue a la cita “por miedo”, cuenta.

“En este caso, como muchos otros, hay que tener en cuenta varios detalles”, explica Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix (Arizona) y colabora frecuentemente con Univision Noticias. “Primero, si el inmigrante no se presenta a la cita en la Corte de Inmigración, el juez le emitirá una orden de deportación en ausencia. Segundo, hay que ver la fecha en que la orden de deportación fue emitida”.

Hernández agrega que en el caso de BH, “en estos momentos es prioridad de deportación, pero si tiene cualquier tipo de contacto con el servicio de inmigración van a procesar la orden porque así lo dice la ley”.

Las prioridades de deportación mencionadas por Hernández fueron emitidas el 20 de noviembre de 2014 y son:

Prioridad 1: Quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o pública (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros).

Prioridad 2: Personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014).

Prioridad 3: Personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel.

Prioridad 4: Inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.

“Pero si la persona tiene una orden de deportación en ausencia y tiene la habilidad de tramitar un perdón, que busque un abogado para que revise el expediente y haga el trámite que corresponde”, dijo Hernández. “De esa manera puede garantizar su permanencia en Estados Unidos”.

A la pregunta si las prioridades de deportación serán modificadas después del 20 de enero de 2017, cuando Donald Trump asuma como presidente de Estados Unidos, Hernández dijo que “por ahora no se sabe nada. Hay que esperar que jure para conocer su política migratoria”.

Se le expiró la visa

La usuaria identificada como Mine cuenta que entró a Estados unidos con una visa de turista tipo B2, tuvo a su bebé y se le venció el permiso de estadía. “¿Me va a deportar el gobierno de Trump”.

“En estos momentos no son una prioridad de deportación”, explica Hernández.

Durante la campaña presidencial, el presidente electo Trump mencionó primero que deportaría a los 11 millones de indocumentados, con o sin antecedentes criminales. Luego modificó su discurso señalando que solo expulsaría a dos millones de indocumentados con antecedentes criminales más otros cuatro millones de extranjeros que entraron con visa pero se quedaron más allá del tiempo permitido.

El 13 de noviembre, en sus primeras declaraciones como presidente electo, Trump dijo que su plan de deportaciones solo incluiría a los indocumentados criminales, cuyo número estimó entre dos y tres millones. Del resto dijo que decidirá una vez asegure la frontera.

“Por eso hay que esperar a que primero asuma y después de a conocer cuál será su política”, insistió Hernández.

Tiene TPS y no sabe si Trump lo cancelará

El usuario llamado Edwin dice que está preocupado “porque no se qué pasará con los inmigrantes que estamos protegidos por el Estado de Protección Temporal (TPS)”, pregunta.

La preocupación no es compartida por el abogado Jaime Barron, en Dallas Texas. “Que sigan la vida porque no hay ningún problema”, agrega.

Hasta ahora Trump no ha dicho nada sobre el programa federal TPS, que ampara de la deportación a miles de inmigrantes indocumentados procedentes de 13 países afectados por desastres naturales o guerras. Entre los beneficiarios se encuentran poco más de 194,000 salvadoreños, cerca de 87,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses.

El TPS a El Salvador fue otorgado por el gobierno de Estados Unidos en respuesta humanitaria tras los terremotos del 13 de enero y el 13 de febrero de 2001 que azotaron el centro del país. La protección a Honduras fue a causa del paso del huracán Mitch en 1998.

El programa concede un amparo de la deportación a los indocumentados que viven en Estados Unidos y carecen de antecedentes criminales, y además les otorga un permiso temporal de trabajo mientras dura la protección.