Unos 5 millones de indocumentados aguardan que la Corte Suprema de Justicia libere dos programas frenados por los tribunales para pedir el amparo de sus deportaciones y un permiso de trabajo.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dará a conocer en los próximos días las “ventanas” en las que entregará los dictámenes clave de la agenda 2016, entre ellos la Acción Ejecutiva migratoria.
“Será durante el mes de junio cuando se conozcan las fechas en que se entregarán dictámenes”, dijo a Univision Noticias Ezequiel Hernández, un abogado especialista en temas migratorios radicado en Phoenix, Arizona. “Es cuando se dan a conocer los veredictos más importantes”.
La Acción Ejecutiva migratoria fue anunciada por el presidente Barack Obama el 20 de noviembre de 2014. El beneficio ampara de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y jóvenes indocumentados que entraron siendo niños al país y están protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés).
Ambos programas fueron detenidos el 16 de febrero del año pasado por un tribunal de Texas tras una demanda entablada por 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos). Argumentan que Obama abusó de su poder ejecutivo y la Acción Ejecutiva viola la Constitución.
La audiencia de abril
El pasado 18 de abril los magistrados de la Corte Suprema celebraron una audiencia publica y escucharon los argumentos de los abogados del gobierno y de los 26 estados. Los demandantes insisten en que las leyes solo pueden ser cambiadas por el Congreso. Y reiteran que el presidente abusó de su poder ejecutivo porque modificó la ley de inmigración sin el consentimiento del Congreso.
Los magistrados Sonia Sotomayor y Stephen Breyer fueron los más a favor de la idea de que existen límites en torno a cuán lejos pueden llegar los estados a la hora de demandar al gobierno federal, especialmente en torno a la idea básica que esgrimen de que tendrán que excederse en sus presupuestos si tienen que atender a los inmigrantes indocumentados a la hora de prestarles nuevos servicios, como la expedición de licencias de conducir.
Sin embargo, el abogado Scott Keller que representa al estado de Texas -uno de los demandantes- insistió en que el Congreso es el cuerpo legal que debe autorizar al presidente a la hora de diferir cualquier deportación, por lo que reiteró que la Acción Ejecutiva no tiene base legal.
Por su parte, el magistrado Samuel Alito, visto como más favorable a la demanda de los 26 estados liderada por Texas, salió en defensa de los detractores afirmando que el tema de los beneficios que recibirían los indocumentados, como la expedición de las licencias de conducir, eran el punto más importante y representaba el argumento más sólido de la demanda.
Donald Verrilli , uno de los abogados del Departamento de Justicia que asistió a la audiencia en representación del gobierno federal, fue claro al decir que cualquier demanda a una Acción Ejecutiva no puede estar basada en los problemas que representan dar o no licencias de conducir de inmigrantes indocumentados.
Cruzan los dedos
Mientras se acerca la hora del fallo, las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes cruzan los dedos y esperan un dictamen favorable.
“Pienso que un fallo no se dará antes de mediados de junio y será a favor de los beneficios anunciados por el presidente Obama el 20 de noviembre de 2014”, dijo a Univision Noticias Juan José Gutiérrez, director ejecutivo del Movimiento latino USA de Los Angeles, California. “E incluso el dictamen pudiera prolongarse hasta el 4 de julio, día de la Independencia de Estados Unidos”, agregó.
El activista apuntó que “nada indica que la resolución sea desfavorable teniendo en cuenta la manera en que se desarrolló la audiencia del 18 de abril”, y dijo que “partimos de la base que la Corte se encontraba empatada ese día y hay antecedentes de que al menos uno de los jueces se ha inclinado últimamente hacia el bando liberal”.
El 13 de febrero murió de un ataque al corazón el magistrado Antonin Scalia dejando al tribunal con ocho miembros, cuatro conservadores (John Roberts, Anthony Kennedy, Samuel Alito y Clarence Thomas) y cuatro liberales (Sonya Sotomayor, Elena Keagan, Ruth Ginsburg y Stephen Breyer).
“Basta con que uno solo cambie su voto a favor de reafirmar la autoridad ejecutiva presidencial para que se activen los programas”, dijo Gutiérrez. “Ese voto puede ser el del juez Kennedy, que ya da mostrado una tendencia hacia temas que favorecen a las minorías”.
“Hasta cierto punto Kennedy es un juez moderado”, dijo a Univision Noticias Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. Y recuerda que fue nombrado por el entonces presidente Ronald Reagan (republicano). “Pero sus decisiones han dicho lo contrario y no me cabe ninguna duda que los republicanos se sintieron decepcionados. Hubo muchas críticas en su contra”.
“En el caso Arizona versus Estados Unidos el juez Kennedy reconoció la amplia discrecionalidad que el presidente tiene cuando se trata de la aplicación de la ley de inmigración, incluyendo la facultad de ejercer discreción”, dijo a Univision Noticias el abogado David W. Leopold, uno de los consultores legales de America’s Voice, en Washington DC.
El caso Arizona citado por Leopold se refiere a la polémica Ley SB 1070 que, entre otras medidas, autorizaba a las policías locales pedir documentos de inmigración para verificar el estatus de permanencia de extranjeros.
