La orden, firmada el 25 de enero de 2017, se centra en las prioridades que el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security “DHS”) utilizará para hacer cumplir sus leyes de deportación.
La política de Obama esencialmente dejó solo a las personas que son indocumentadas y con antecedentes menores o sin antecedentes penales. Bajo la nueva política, cualquier persona que ha sido condenado por cualquier delito penal está sujeto a ser detenido por DHS. Esto incluye:
• Cualquier persona que ha sido acusada de cualquier delito, “cuando no se haya resuelto dicho cargo”.
• Cualquier persona que haya cometido una conducta que constituya un delito penal imponible (posiblemente incluyendo el delito menor).
• Cualquier persona que haya cometido fraude o declaración falsa deliberada en relación con una agencia gubernamental, o que haya “abusado” de los beneficios públicos
• Cualquier persona que se considere un riesgo para la seguridad pública.
Estas prioridades son para las personas indocumentadas. Si el inmigrante tiene estatus, estas políticas no les afectarán, sin una condena.
El programa Comunidades Seguras (“S-Comm”) está regresando. El programa Comunidades Seguras permitió a los agentes de inmigración (“ICE”) saber de la detención de una persona indocumentada detenida por la policía local, a través del intercambio de datos de huellas dactilares. ICE puede pedir detención continua del inmigrante para que impidieran temporalmente su liberación de custodia penal y ser entregado a las autoridades de inmigración.
La orden ordena la contratación de 10.000 agentes de ICE adicionales.
Los inmigrantes con antecedentes penales deben explorar el alivio después de la condena para eliminar un registro perjudicial.
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